El nuevo sistema de registro de viajeros, desarrollado por el Ministerio del Interior, ha incorporado en su primera semana de funcionamiento más de 112.000 establecimientos turísticos, según informaron fuentes oficiales. La plataforma, habilitada a través del portal ses.viajeros, está operativa desde el pasado 2 de diciembre y, de momento, “funciona con total normalidad y sin incidencias técnicas”, según Interior.
De los 112.044 establecimientos registrados hasta el domingo 7 de diciembre a las 13:00 horas, 106.647 corresponden a alojamientos turísticos, entre los que destacan:
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39.166 apartamentos turísticos
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30.495 viviendas de uso turístico
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6.529 hoteles
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6.465 casas rurales
También se han registrado:
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1.511 empresas de alquiler de vehículos
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3.546 agencias de viajes
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340 plataformas digitales
Más de 1,4 millones de registros de personas
Durante los primeros días de actividad, el sistema ha recibido más de 1,4 millones de datos personales correspondientes a viajeros, casi la mitad de ellos (48,7 %) durante el puente de la Constitución. Esta información se utiliza para reforzar los mecanismos de identificación y seguridad ciudadana, y se enmarca en las nuevas obligaciones recogidas por el Real Decreto 933/2021.
El Ministerio destaca que ya se han identificado 18.584 personas vinculadas a actividades delictivas gracias al cruce de estos datos con bases de información policial.
Qué datos deben registrar los alojamientos
Con esta nueva normativa, los establecimientos deben registrar 13 datos obligatorios por viajero, frente a los 11 exigidos anteriormente. Entre ellos figuran:
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Datos personales: nombre, apellidos, documento de identidad, teléfono y correo electrónico
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Información de acompañantes menores y su vínculo de parentesco
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Detalles económicos: número y fecha del contrato de alojamiento, y medio de pago utilizado
Reacciones encontradas en el sector
Pese a la afirmación de funcionamiento normal, el nuevo sistema ha sido objeto de críticas por parte de agencias de viajes y operadores turísticos, que denuncian problemas técnicos, escasa claridad normativa y una carga administrativa excesiva, especialmente para eventos corporativos o alojamientos rurales sin conectividad digital.
