El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó este miércoles los recursos presentados por el expresidente Jair Bolsonaro que buscaban apartar a dos magistrados del juicio donde se le acusa de haber encabezado una conspiración para derrocar al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La mayoría de los integrantes del tribunal votó en contra de las recusaciones planteadas por la defensa de Bolsonaro, que señalaban presunta parcialidad de los jueces Cristiano Zanin y Flávio Dino. Ambos fueron señalados por haber presentado denuncias judiciales contra el expresidente antes de asumir sus cargos como ministros del STF.
Barroso encabeza rechazo a los recursos
El presidente del Supremo, Luiz Roberto Barroso, fue el primero en emitir su voto en la sesión telemática y argumentó que los pedidos de recusación no contenían fundamentos jurídicos nuevos ni estaban respaldados por el Código de Procedimiento Penal. Su postura fue respaldada por al menos cinco jueces, garantizando así una mayoría suficiente para hacer irreversible la decisión, incluso antes de que venciera el plazo de votación electrónica este jueves a medianoche.
Los magistrados aludidos en los recursos no participaron de la votación.
Otros acusados también sin éxito en sus recusaciones
La corte también desestimó un recurso similar del exministro de Defensa y general retirado Walter Braga Netto, quien exigía apartar al magistrado Alexandre de Moraes del caso. La defensa alegaba que uno de los cargos era un supuesto plan para asesinar a De Moraes, lo que lo convertiría en parte interesada y, por tanto, impedido de juzgar.
No obstante, la Corte no dio lugar a esa solicitud.
Próxima etapa: decidir si Bolsonaro será juzgado
La Sala Primera del STF ha fijado tres sesiones extraordinarias los días 25 y 26 de marzo para decidir si acepta las denuncias presentadas por la Fiscalía y abre un proceso penal contra Bolsonaro y otros siete acusados.
La acusación, formalizada en febrero, incluye cargos como tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal armada y golpe de Estado. En total, hay 34 implicados en la trama.
El trasfondo del caso
Según el Ministerio Público, el plan comenzó tras la derrota electoral de Bolsonaro en octubre de 2022. El grupo habría intentado impedir la toma de posesión de Lula el 1 de enero de 2023, y terminó siendo vinculado al ataque del 8 de enero, cuando miles de seguidores del expresidente invadieron violentamente las sedes del Congreso, el Supremo y la Presidencia en Brasilia.
Aquel intento de sublevación buscaba presionar a las Fuerzas Armadas para desconocer el resultado electoral y restaurar a Bolsonaro en el poder, según la acusación.
La situación del expresidente se complica, además, con la salida de uno de sus hijos hacia Estados Unidos, quien renunció recientemente a su escaño en el Congreso brasileño, alimentando las especulaciones sobre un posible exilio político o maniobra legal para evadir futuras implicaciones judiciales.
